El precio de un centro residencial público depende de las características socioeconómicas del demandante. Por ejemplo, se tiene en cuenta la pensión y las propiedades con las que cuenta, entre otros factores. La trabajadora social del centro residencial o de Servicios Sociales Básicos realiza la declaración responsable con el usuario/a y/o con la familia y se envía a Servicios Territoriales que realizan un estudio y valoran la posibilidad de que el demandante acceda a una plaza pública.

El usuario o la familia que opta a plaza en entidades públicas (donde se accede por lista de espera) deben pagar el 80% de su prestación de jubilación, mientras que el resto del coste lo cubre la Administración pública. Por lo tanto, a pesar de ser una plaza pública, la persona o los familiares deben abonar y contribuir con el 80% de la prestación.